Acusan a la reforma sanitaria de violar los derechos humanos

La entrada en vigor mañana de la reforma sanitaria que impulsa del Gobierno central supondrá una violación de los derechos humanos, según varias organizaciones humanitarias porque limita el derecho a la salud de algunos de los colectivos más vulnerables de la sociedad: los inmigrantes.

Amnistía Internacional, Médicos del Mundo, Red Acoge y la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC) afirman que la cuestión es, en realidad, de derechos humanos y de cumplir o no con la legislación internacional y las exigencias de la ética profesional.

En un comunicado califican dicha medida de 'regresiva y discriminatoria' y aseguran que vulnera el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales suscrito por España.

Dichas entidades advierten que la no renovación de tarjetas sanitarias a este colectivo podría costar vidas, porque dejará a miles de personas sin acceso a los sistemas de salud, siendo atendidas en urgencias y en los supuestos de embarazo, parto y posparto. También denuncian la situación de desamparo en la que quedarán los enfermos crónicos o mentales y los riesgos que corren quienes padecen enfermedades transmisibles.

'A pesar de que mañana entra en vigor la reforma sanitaria, el gobierno todavía no ha hecho pública la anunciada orden ministerial que contemplaría crear convenios especiales para atender a las personas migrantes, mediante los que se condicionaría el acceso a la salud al pago de una cantidad económica y al hecho de estar un año inscrito en el padrón municipal', asegura el comunicado.

En base a las informaciones aparecidas en los medios de comunicación sobre el cobro de entre 700 y 1.800 euros anuales para acceder a la asistencia sanitaria, las organizaciones manifestaron sus reparos ante la posibilidad de que esta orden establezca barreras económicas que pongan en peligro el acceso a la atención sanitaria de las personas más vulnerables y recordó que el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU exige la accesibilidad económica como uno de los elementos esenciales del derecho a la salud, especialmente para los colectivos socialmente desfavorecidos.

En los mismos términos se ha manifestado el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, quien ha solicitado a los Estados que eliminen 'los honorarios elevados de los servicios de atención médica', identificándolos como uno de los obstáculos con que tropieza la mujer para acceder a esta atención.

Las organzaciones han reconocido a las comunidades autónomas que sí seguirán atendiendo a los inmigrantes irregulares y ha criticado explícitamente las declaraciones de José Antonio Monago, presidente de Extremadura (PP), al afirmar que el cobro de una cuota a los inmigrantes irregulares por asistencia sanitaria 'no es una cuestión de humanidad sino de presupuesto'.

Asimismo, recordó que la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea ha subrayado que 'excluir a las personas migrantes en situación irregular de la atención sanitaria pone en peligro su vida y su bienestar, incrementa el coste de un futuro tratamiento de urgencia y puede suponer un potencial riesgo de salud para la comunidad'.